Un paciente viene a la consulta y me enseña una carta que ha recibido. El paciente es de muface, con seguridad social, y está de baja desde hace unas cuatro semanas por un trastorno adaptativo con síntomas mixtos de ansiedad y depresión bastante intensos a partir de un problema importante de la vida. Le estoy poniendo tratamiento con fármacos y también con psicoterapia de apoyo de base cognitiva para que aprenda a modular mejor sus emociones. También le di la baja como un instrumento terapéutico más. A veces lo cito en consulta programada o en las guardias, cuando puedo, mas o menos una vez por semana. Está mejorando creo que de forma razonable. Ante un caso así podría haberlo derivado desde el principio a un psiquiatra y "haberme quitado el problema de encima". Probablemente me hubieran pagado lo mismo a fin de mes. Pero creo que somos muchos los que todavía creemos que hay que comprometerse con algunas cosas, por lo menos mientras se pueda, aunque la demanda no sea poca.
Pero volvamos a la carta, que es de un inspector médico de educación. En ella se le dice que me pida un informe a mí de lo que le pasa, pero que el informe sea de un especialista que no sea médico de familia. Leo tres veces la carta para estar seguro que pone lo que pone. Y luego decido qué hacer. Podría "pasar", ni siquiera contestarle porque simplemente no tiene competencias para hacer eso. Me puede pedir un informe del paciente y todas las aclaraciones que quiera. Pero nada más. Al fin decido contestarle, más o menos, en estos términos:
...en la carta que me enseña el paciente se le indica que debe aportar un informe de un especialista que no sea médico de familia. Encuentro en esta petición dos insinuaciones discutibles:
1. O una minusvaloración de una especialidad de 4 años en la que somos competentes para tratar cuadros de este tipo.
2. O la suposición de que somos más presionables para dar bajas injustificadamente
Indícame si encuentras algún motivo más para no valorar la opinión de un especialista en medicina de familia que trata de hacer su trabajo con dignidad. Por mi parte no tengo porqué derivar lo que soy competente en tratar, sobrecargando además las listas de espera del hospital innecesariamente.
Todo esto cuando la inmensa mayoría de los especialistas de mi hospital de referencia siguen sin dar informes en sus consultas externas a pesar de tener tiempo suficiente para ello (en cualquier caso mucho más que nosotros) y de que hace más dos meses la dirección general del sescam recordó, en un documento oficial que tenían obligación de hacerlos (al igual que las primeras recetas), en todas las consultas. Lo que incluye también a los pacientes que están de baja laboral, que tampoco suelen recibir informes. Es decir dificilmente podemos apoyarnos en ellos ni para dar una baja ni para dar altas. Así un paciente rentista siempre puede aducir que "lo tiene que ver el especialista dentro de X meses" o "que le han pedido pruebas y no se las hacen hasta dentro de X meses" y que hasta entonces le ha dicho (verbalmente) que siga de baja. Y se supone que el especialista hospitalario es el que decide, aunque no sea verdad.
Así están las cosas. La carta del inspector denota probablemente la espectativa social, incluso entre profesionales (ignoro la especilidad del inspector, pero es interesante los complejos que proyecta si es médico de familia o ni siquiera lo es) y el irritante laberinto en el que estamos metidos. Mientras tanto la GAP sigue siendo incapaz de hacer cumplir las instrucciones que el propio sescam propone. ¿Ocurre esto así en todos sitios?. ¿Estamos "rodeados"?.
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